LOS ÁNGELES (EEUU) – Cuando en 2020 las cadenas estadounidenses televisaron la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis, el mundo se convirtió en testigo del racismo sistémico que durante décadas ha azotado a la comunidad negra de EEUU. En días y semanas posteriores, y a pesar de la amenaza por la covid-19, una oleada de protestas recorrió el país de costa a costa.
Los disturbios también se apoderaron de las mismas calles de Los Ángeles donde, en 1992, manifestantes y fuerzas del orden protagonizaron violentos enfrentamientos en protesta por la paliza que la Policía de Los Ángeles (LAPD) le había propiciado días antes a un ciudadano negro, Rodney King. En los últimos tres años, con la pandemia como telón de fondo, se han ido afianzando las voces que exigen reformas urgentes e incluso el desmantelamiento y la abolición de la Policía angelina para acabar con el racismo institucionalizado. Estas voces han cobrado aún más fuerza tras la muerte a manos del LAPD de Keenan Anderson, primo de la cofundadora de Black Lives Matter, hace unas semanas.
Pero la búsqueda de modelos policiales eficaces que puedan inspirarle al LAPD a reconsiderar el uso de sus polémicas tecnologías predictivas, erradicar el uso excesivo de la fuerza e implementar nuevas y saneadas prácticas presenta desafíos sobre los cuales expertos y activistas no se ponen de acuerdo. ¿Podrían, sin embargo, las reformas estructurales realizadas por el Departamento de Policía de Newark (Nueva Jersey) en 2016 alzarse como un modelo a seguir a nivel nacional?
No hay seguridad pública sin participación ciudadana
“Newark es una ciudad lo suficientemente pequeña como para crear un modelo que la gente pueda venir a ver y replicar”, asegura en entrevista con Público Aqeela Sherrills, consejero sénior del Colectivo de la Casa Blanca para la Intervención Comunitaria ante la Violencia.
Curtido entre el fuego cruzado de las pandillas californianas, Sherrills facilitó una tregua permanente entre bandas criminales rivales en Los Ángeles en 1992. Posee una visión reformista del aparato policial, quizá porque él encarna los cambios que le gustaría ver en las fuerzas del orden. Tras una larga etapa como pandillero, se alzó como un respetado activista por la paz y por la abolición de la pena de muerte. A caballo entre la costa este y oeste de EEUU, sus ideas han culminado en programas adoptados en distintas ciudades del país. También en Los Ángeles y Newark.
“¿Necesitamos policías? Absolutamente”, asevera. “Pero la seguridad [pública] no es solo la ausencia de la violencia y del crimen. También es la presencia del bienestar y de una infraestructura que apoye a las víctimas y a la gente que sobrevive con lesiones”.
La visión de Sherrills integra la participación del “público” y la actividad policial en un modelo de cooperación y comprensión dirigido a restaurar la confianza entre agentes y ciudadanía. “No puede haber seguridad pública sin el público”, afirma.
Señala, además, que cualquier estrategia para combatir la violencia debe abordar la pobreza y el trauma enquistado en barrios marginales, y que igualmente importante es dar apoyo psicológico tanto a estas comunidades como a los agentes que, fruto de su ejercicio policial, están expuestos a experiencias traumáticas.
Estas ideas constituyen la piedra angular de The Newark Community Street Team (NCST), una iniciativa implementada en 2014 por el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, que sitúa a la comunidad en el centro de la seguridad pública y donde el termómetro de dicha seguridad es el bienestar de la ciudadanía, no la cifra de crímenes o arrestos. El programa recluta a expandilleros como Sherrills como figuras mediadoras en conflictos. El objetivo: reducir la presión sobre la Policía y fomentar la cooperación entre agentes y residentes.
Según Sherrills, un indicador de que el modelo de seguridad pública comunitario ha germinado favorablemente es la multitudinaria manifestación pacífica en las calles de la ciudad tras la “ejecución pública” de Floyd en 2020.
“Cada vez que alguien amenaza con quemar la comisaría de Policía, ¿sabes quién está ahí como primera línea de defensa para proteger a la Policía de los provocadores? La comunidad”, asegura el activista.
Newark: Un pasado policial turbulento
Sin embargo, no siempre existió este clima de aparente cordialidad en Newark. De hecho, la ciudad ha sido durante décadas uno de los principales epicentros de la violencia policial en EEUU. La espiral de violencia en Newark alcanzó su punto álgido en 1967 –en pleno Movimiento por los Derechos Civiles liderado por el Partido Pantera Negra (Black Panther Party)– con disturbios que culminaron en más de una veintena de muertes, cientos de heridos y daños materiales por valor de diez millones de dólares. El motivo: la paliza que dos policías blancos le propinaron a un taxista negro.
Tuvieron que pasar casi 50 años para que el Gobierno Federal decidiera actuar. Y lo hizo en respuesta a una petición de la Unión Americana de las Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU-NJ), que, en septiembre de 2010, presentó un detallado informe con más de 405 quejas por abuso policial en los dos años y medio previos, incluyendo palizas a detenidos, arrestos injustificados, así como discriminación y represalias contra los agentes que elevaban quejas a sus superiores, incluyendo por agresión sexual.
“El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) realizó una investigación y, sin que debiera sorprenderle a nadie, concluyó que se habían producido violaciones generalizadas de los derechos civiles por parte del Departamento de Policía de Newark”, explica en entrevista con Público Jim Sullivan, un exreo y ahora subdirector de desarrollo de medidas políticas de la ACLU-NJ.
Ante estos hallazgos, el DOJ invocó una ley federal de 1994 que le autoriza a intervenir un departamento de Policía cuando se demuestran “prácticas” o un “patrón” de violaciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos. La intervención se tradujo en un acuerdo vinculante (consent decree) entre el Gobierno de Barack Obama y la Alcaldía de Newark en 2016, que obligó a la policía a realizar reformas estructurales sujetas a supervisión judicial y federal en un plazo de cinco años.
Reformas policiales en Newark: bajo la lupa
Desde entonces, la Policía de Newark ha incorporado cámaras en los uniformes y vehículos policiales, y ha desarrollado políticas antidiscriminatorias que prevengan los registros o arrestos injustificados motivados por los posibles prejuicios de los agentes. Cada año, la plantilla participa en jornadas de formación sobre las nuevas políticas policiales y la legislación vigente, incluyendo la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege la libertad de expresión y el derecho de un ciudadano a observar y grabar la actividad policial. Además, se han redoblado los esfuerzos dirigidos a educar a los agentes en el uso de la fuerza, y se ha diseñado un protocolo para que estos incidentes sean elevados a instancias superiores sin temor a represalias.
Sin embargo, el proceso de cambio ni está siendo lineal ni está exento de retos. El desafío inicial fue cómo formar a los agentes sobre las nuevas políticas sin dejar las calles vacías de policías.
“Aunque firmamos el acuerdo en 2016, en realidad no empezamos a implementar las políticas hasta 2018”, cuenta en entrevista con Público Leonardo Carrillo, capitán de la Policía de Newark y comandante del Decreto Vinculante y de la División de Planificación.
Algunos cambios están a plena vista, como la renovación de la plantilla. Ahora, más de la mitad de la fuerza laboral la integran agentes jóvenes que se sumaron al departamento bajo una nueva cultura policial. La contratación de policías negros también ha ido al alza. En 2021, estas cifras se acercaron a los datos demográficos de Newark, donde el 45.9% de la población es negra, según un informe del Centro de Análisis Político e Investigación difundido en junio de 2022.
Desciende el uso excesivo de la fuerza
Los avances más notables se han registrado en el uso excesivo de la fuerza. Según datos facilitados por Carrillo, de las 88 quejas externas recibidas en 2010, se pasó a 23 en 2018, 22 en 2019, 34 en 2020 y 24 en 2021, un descenso sostenido que él achaca a las jornadas de formación anuales que ahora reciben los agentes, las cuales no se impartían cuando él se sumó a las fuerzas del orden de Newark en 1998.
Menos prometedoras, en cambio, son las estadísticas difundidas en el portal web de la agencia policial. De los 453 incidentes en los que se recurrió al uso de la fuerza en 2020, 79 personas acabaron en el hospital. En 2021, estas cifras fueron 415 y 187, respectivamente. Y entre enero y octubre de 2022, alcanzaron 301 y 122, respectivamente. Tanto para el uso de la fuerza, como en los registros, cacheos y búsquedas, la comunidad negra fue la principal perjudicada entre 2018 y octubre de 2022.