El terrorismo a examen

Por Aitana Vargas

22 de abril de 2013

Soldados con metralleta en mano a bordo de tanques patrullando las calles de Boston, despliegue inminente de fuerzas de seguridad y de miembros del S.W.A.T. vigilando cada movimiento de los transeúntes y conductores. El FBI al frente de las investigaciones, compartiendo inteligencia y contrastando datos con el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CIA. Son escenas casi apocalípticas las que se han vivido en las calles de Boston. Una respuesta militarizada a un ataque perpetrado sobre territorio nacional – algo que evoca en mi memoria imágenes de la estrategia de seguridad israelí, porque si algo saben los israelíes es precisamente sobre este tema. Y los estadounidenses han sabido trasladar la estrategia de defensa hebrea utilizada en Oriente Próximo y aterrizar este concepto en medio del caos, el miedo y la confusión desatada por los bombazos en Boston.

Los estadounidenses han aprendido la lección tras el 11S. Y los ataques de Boston lo han demostrado. Ha habido una respuesta policial, militar y médica más coordinada, así como mejores dispositivos de búsqueda para capturar a los sospechosos.

Fruto, todo esto, de la imparable inversión económica realizada en seguridad nacional que comenzó en la época de George W. Bush y cuyo relevo lo tomó Barack Obama. Como apuntaban ya en su minucioso trabajo de investigación los periodistas del Washington Post, Dana Priest y William Arkin, ni el mismo gobierno posee datos sobre las cantidades exactas que se destinan a la seguridad y defensa del país. Y tampoco hay constancia de que más dinero se haya traducido en un sistema de prevención más eficiente y efectivo para plantarle cara al problema del terrorismo. Pero, aún así, dicho gasto continúa. Y lo hace con un presupuesto que año tras año aumenta sin ser cuestionado ni por los republicanos ni por los demócratas. Un presupuesto que, por cierto, va a parar a las manos de la industria privada. La privatización de determinadas funciones gubernamentales – en este caso la seguridad nacional – ha creado una cultura de la guerra y de la defensa nacional basada en el capitalismo. Y en dicho sistema lo que prevalece es el enriquecimiento económico.

Y aunque más dinero no implique medidas más efectivas de prevención del terrorismo, sí se ha traducido en una respuesta visiblemente más militarizada y coordinada. Las distintas agencias de seguridad e inteligencia ahora comparten información e intercambian datos, algo que no ocurría en la época anterior al 11S. La falta de cooperación entre las distintas agencias fue, hace más de una década, señalada por numerosos expertos como la principal causa que permitió a los terroristas islamistas cristalizar sus objetivos aquel trágico 11 de septiembre de 2001. El FBI y la CIA poseían las piezas del puzzle. Pero la burocracia interna impidió que pudieran armar el rompecabezas y evitar el mayor ataque terrorista cometido en suelo estadounidense. El precio fue demasiado alto para la primera potencia mundial. Lo hubiera sido para cualquier nación. Y Estados Unidos adquirió entonces un compromiso con él mismo: aprender de los errores cometidos.

Ese aprendizaje también se ha manifestado ahora en un flujo de información al público más controlado sobre la evolución de las investigaciones. Se ha ejercido cautela a la hora de ofrecer veredictos en torno a los sospechosos. El grado de especulación sobre el origen de los jóvenes – presuntamente con creencias musulmanas – se ha visto contenido a la espera de información veraz y contrastada.

Y es que además de que a Estados Unidos no le conviene descuidar las relaciones diplomáticas con Rusia (entre otras cosas por los vínculos del país asiático con el régimen de Teherán) señalando como culpables a dos jóvenes chechenos, tampoco le conviene a Barack Obama enemistarse con el Mundo Árabe y musulmán, como ya lo hiciera su antecesor en la Casa Blanca.

No es políticamente inteligente demonizar una religión entera por la acción de una minoría radical cuya agenda se desvía del interés de la comunidad a la que supuestamente alega representar. Los fanáticos religiosos se enmascaran bajo cualquier sistema de creencias religiosas. No se limitan al Islam. Pero aunque la Yihad (traducido por muchos como la Guerra Santa) ha popularizado la idea de que el Corán incita a la violencia, ser musulmán no es sinónimo de ser terrorista, ni de secundarla. Ser cristiano, judío o budista tampoco lo es. Y eso que la historia está repleta de ejemplos de cristianos y judíos que han protagonizado con y sin éxito ataques terroristas.

Pero también es necesario aclarar que no hay que poseer creencias religiosas para ser un terrorista o mantener posturas extremistas. El terrorismo no responde necesariamente a un acto de fanatismo o de locura, sino que en muchos casos es una decisión adoptada desde la conciencia plena. Recurrir a la violencia para obtener un fin político es una decisión sopesada. El terrorismo es una herramienta a la que se recurre porque con la sangre de los inocentes es moralmente más fácil chantajear a las autoridades para cambiar la agenda política y poner presión social que motive dicho cambio. Con esa frialdad piensa el terrorista. Con esa crueldad y falta de humanismo. Con esa claridad y nitidez mental.

Aún desconocemos la motivación política de los autores que detonaron las bombas en Boston. Y aunque la definición de ‘terrorismo’ es altamente manipulable y está sujeta a los intereses de cada país, actor político, o incluso institución o agencia dentro de una misma nación, de manera general se puede afirmar que sin un objetivo político no existe una acción terrorista, pese al uso de la violencia. Qué se cataloga como terrorismo depende, por tanto, de la autoridad que juzgue la acción. No existe consenso entre los gobiernos, organismos internacionales como la ONU, o incluso la prensa sobre la definición de terrorismo, guerrilla, frente de liberación o grupo separatista. Y lo que ayer era un grupo terrorista, hoy arbitrariamente es un grupo separatista.

No hay país, ni siquiera Estados Unidos, que pueda prevenir la amenaza terrorista de manera omnipotente. Los ataques de Boston son la prueba más irrefutable de ello. Lamentablemente, debemos aprender a vivir con esta amenaza sin saber cuándo ni dónde volverá a ocurrir. Pero con la certeza de que volverá a hacerlo. La erradicación del terrorismo es una utopía. Pero no por ello hay que dejar de luchar contra este fantasma que ha sabido utilizar y explotar un pilar democrático (las libertades civiles) en beneficio propio.

La lucha contra el terrorismo (que, como explicaba arriba es una amenaza subjetiva), ha derivado en la creación de una descomunal red de seguridad e inteligencia que responde a muchos intereses. Y más allá de los intereses partidistas encarnados por republicanos y demócratas, también se encuentran los intereses que, a título personal, cada senador y congresista defiende en el Capitolio. Un atentado como el de Boston podría ser la excusa perfecta para paralizar la reforma migratoria o, en el mejor de los escenarios, para concederle argumentos a las facciones más neoconservadoras del ala republicana para exigir un endurecimiento de las medidas de seguridad en las fronteras norte y sur de Estados Unidos, así como imponer condiciones más estrictas a la regularización de inmigrantes. No olvidemos que la seguridad nacional y la inmigración son un negocio en manos de compañías privadas cuyo objetivo prioritario es generar dinero. Y muchas de esas compañías tienen un pie en el Capitolio. El tiempo dirá. Pero si se aprueba una reforma migratoria será únicamente porque a Estados Unidos le conviene – no a los inmigrantes.