Arbitraje médico: El chantaje al paciente

Qué debe saber antes de firmar un contrato de arbitraje con un centro médico

Por Aitana Vargas

9 de noviembre de 2014

Aquel dossier de documentos ocultaba uno de los secretos mejor guardados por las compañías, centros médicos y un sinfín de negocios que operan por todo territorio estadounidense. Eran las nueve y cuarto de la mañana cuando clavé la vista en la hoja superior de aquel dossier. Sentada en un centro médico de Beverly Hills, mis manos temblaron un segundo antes de ceder ante el peso moral de las frases e ideas expuestas en ese papel de color blanco.

“Contrato de arbitraje”, decía el margen superior en letras mayúsculas.

Mi mirada se perdió entre el lenguaje técnico y legal del documento, desatando un mar de sensaciones en mi cerebro confuso. Era la primera vez que era consciente de lo que sostenía entre mis dedos delgados. Era la primera vez que reconocía y entendía una a una las repercusiones de colocar mi nombre debajo de la casilla de “firma”.

También sabía que esta misma escena, dos años antes, hubiera tenido un final distinto – hubiera tenido el final por el que los líderes corporativos y lobbys médicos siempre apuestan. Dos años atrás, una Aitana desinformada hubiera levantado el bolígrafo para dar su consentimiento a arbitrar cualquier discrepancia derivada de la visita médica: es decir, hubiera renunciado a mi derecho a un juicio público en caso de mala praxis médica.

Pero ese día de agosto de 2014, en aquella sala gélida, arropada por el peso de mi conciencia y de la decisión que estaba a punto de tomar, me revolqué sobre mis principios, me puse en pie y me acerqué a la recepcionista de la clínica.

– “No quiero firmar este documento…la cláusula de arbitraje”, le dije.

– “Déjeme que le explique lo que dice el documento”, contestó la joven.

– “No necesito que me lo explique. Sé perfectamente lo que es un contrato de arbitraje. No quiero firmarlo. ¿Puedo optar por no hacerlo?”

– “Bueno, la gran mayoría de clínicas lo tienen”, contestó. “Pero si no lo firmas, la doctora sólo te pasará consulta hoy, no te realizará ninguna prueba médica y no volverá a verte más”, agregó.

– “No voy a renunciar a mi derecho a juicio, así que informe a la doctora de que no deseo que me reciba”, sentencié sin dudarlo un segundo.

Cuando cerré la puerta de la clínica y puse los pies en la calle, una ráfaga de calor sacudió mis pensamientos, dando paso a la rabia y a la indignación. ¿Qué hubiera pasado si la visita médica no hubiera podido esperar? Evidentemente, en dicho caso, el acto de rebeldía en defensa de un principio constitucional jamás se habría materializado.

Y precisamente a esta última situación le apuestan los centros médicos. Cuando hay una urgencia (y desconocimiento sobre arbitraje), el paciente firma lo que se le ponga delante. Es decir, la balanza se inclina del lado de los intereses corporativos. Y es que cuando dichos intereses se cruzan con los derechos constitucionales del pueblo, surge el arbitraje, una figura jurídica inventada por las élites corporativas que privatiza “lo público”, y cuyo objetivo prioritario es defender “lo de los poderosos” a expensas de “lo nuestro”, a expensas de “la mayoría”.

“Las compañías están creando sus propias reglas en la letra pequeña”, denuncia Christine Hines, de Public Citizen, una organización que vela por los derechos del consumidor.

Kaiser Permanente, por ejemplo, obliga a sus pacientes en California a firmar cláusulas arbitrales. Dicho proceso está gestionado por un organismo independiente conocido como la Oficina de la Administración Independiente (OIA en inglés). En la página web de la OIA se facilitan los documentos requeridos para iniciar el arbitraje, así como la normativa a la que están sujetos demandante y Kaiser.

Según la OIA, “el sistema está diseñado para dar a los miembros del Plan de Salud una vía justa, rápida, económica y confidencial para resolver disputas”.

Esta Oficina advierte que ni el contrato ni la sentencia arbitral pueden ser anulados por un juez (excepto en casos aislados). Además, el salario del árbitro –que sustituye a jueces y jurado– o bien sale íntegramente de las arcas del centro médico, o en determinados casos, es dividido a partes iguales entre Kaiser y el demandante.

Como señala Hines, cuando el salario del árbitro sale del hospital, se produce un conflicto de intereses que hace que la sentencia arbitral sea, en la mayoría de los casos, favorable al hospital y no al paciente.

Sin embargo, algunos expertos legales aseguran que la clave del arbitraje es la selección de un árbitro realmente ‘neutral’, cuya objetividad no quede anulada por el incentivo económico. Para conseguir dicho árbitro, se debe acudir a un abogado experto en casos de negligencia médica y con la experiencia necesaria para elegir a la persona adecuada.

Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor de California confirmó que “no tiene jurisdicción” sobre el arbitraje entre consumidores y compañías ni sobre los casos de negligencia médica.

Mientras tanto, en la calle, la falta de información es el peor enemigo del paciente y del consumidor.

“Algo he escuchado sobre el arbitraje relacionado con las disputas entre equipos y jugadores de la NBA”, afirma entre dudas Cristóbal Valencia, un agente inmobiliario que admite no entender en qué consiste este proceso resolutivo.

El arbitraje está rápidamente suplantando al sistema judicial público e instaurando un modelo de resolución de conflictos privado donde las sentencias se toman al margen de la legislación existente. La metástasis arbitral está devorando las entrañas del sistema constitucional que solía proteger al ciudadano de la calle, al empleado y al consumidor. Y es que este método para resolver conflictos tiene como objetivo prioritario evitar las demandas y minimizar los daños económicos a las víctimas.

Si usted cree que esta práctica no le afecta, revise detenidamente los contratos que haya firmado con empresas de telefonía y cable, acuerdos laborales, centros médicos, compañías de compra y alquiler de vehículos, tarjetas de crédito, fondos de inversión y hasta residencias para ancianos. Ahora diga ¿cuántas veces ha renunciado a su derecho constitucional sin saberlo?