Negligencias médicas y el canto desesperado de sus víctimas
Por Aitana Vargas
1 de agosto de 2014
La mirada cristalina de Michael Markow deambula por la sala, se dirige hacia la mesa situada frente a él y se desvanece al fundirse con los haces de luz que penetran por las grandes cristaleras que adornan la pared. Sus ojos color cielo intenso aún proyectan vida, pero están condenados a sufrir en el infierno desde el 11 de noviembre de 2010.
El cuerpo menudo y desvalido de Markow está postrado en una silla de ruedas que triplica su tamaño. Con un gesto sutil, Francine Markow, se acerca a su marido y le coloca en la cabeza unos auriculares con micrófono incorporado del que cuelga un altavoz negro que reposa sobre el pecho del hombre. En la próxima hora y media, esta aparatosa tecnología le ayudará a este señor de sesenta y siete años a comunicarse con los presentes en una de las salas del despacho de abogados Goldstein, Gurbuz & Robertson situado en Encino, California.
Markow muestra grandes dificultades para hablar con claridad y articular sus pensamientos. Tampoco puede valerse por sí mismo. Tiene el cuerpo paralizado del cuello a los pies. Su frustración e impotencia le emanan a borbotones por los poros de la piel.
“La gente piensa que por estar paralizado, no siente dolor. Pero su dolor físico es tan desgarrador que preferiría estar muerto”, asegura su esposa en referencia a la tetraplegia y a las insoportables secuelas físicas de las que sólo la muerte podrá sacar a su marido.
La condena que Markow sufrirá de por vida –y que podía haberse evitado–, le fue inyectada con una jeringuilla en la Unidad de Dolor del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles hace casi cuatro años.
Aquel invierno, el Dr. Howard Rosner, uno de los grandes especialistas en California en tratamientos contra el dolor, realizó un procedimiento médico poco convencional en Estados Unidos, que ofrece pocos beneficios al paciente y que, de hecho, ni siquiera es instruido en escuelas de medicina del país.
Las peligrosas inyecciones, colocadas en las vértebras C1 y C2 del enfermo, resultaron fatales. Sin embargo, como apunta uno de los documentos presentados por los abogados de Markow, nadie en el centro médico habría advertido previamente al paciente sobre el elevado riesgo de parálisis permanente que acarreaba dicho tratamiento.
“Markow no dio su consentimiento para que se le practicara tan peligroso procedimiento”, asegura Goldstein. El jurado, sin embargo, no lo interpretó de la misma manera.
Aún así, la cadena de errores catastróficos acababa solo de comenzar.
“Michael también es alérgico a una de las sustancias que –nosotros alegamos– había en la inyección”, asegura Arnie Goldstein, uno de los abogados de Markow. “Y nadie se dio cuenta de ello”.
La sustancia, conocida como omnipaque, era administrada en el 99% de los procedimientos realizados por Dr. Rosner. Como señalan los documentos presentados por los abogados acusadores en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la administración de un agente alérgico era una prueba más de la abrumadora negligencia médica que derivó en el cruel debilitamiento y deterioro físico de Markow.
“Me han arrebatado todo lo que tenía”, balbucea Markow mientras su asistente salvadoreño, Andrés, le ajusta el micrófono para que se escuche el canto desesperado de este anciano. “Estoy tan indignado que lo único que quiero es gritar”.
Pero ni siquiera eso puede hacer este hombre. Atrapado en un cuerpo plagado de secuelas físicas y que requiere supervisión y atención médica especializada las 24 horas del día, que Markow siga con vida puede considerarse, según quiera verse, todo un milagro o el ‘sumun’ de las crueldades.
“Cuando estaba en el hospital, todos pensamos que se iba a morir”, confiesa su hijo desde una esquina de la sala.
Fue precisamente él quien, aturdido por el estado de su padre, no cesó un instante en su intento desesperado por conseguir que un abogado especializado en negligencia médica se comprometiera a defender a su padre. Los Markow recibieron varias negativas antes de que un despacho de abogados aceptara el caso – fue el primero en una interminable lista de obstáculos e impedimentos legales que esta familia tendría que sobrellevar en los años venideros – y que continúan.
“Este caso es de los más tristes que pueden darse”, asegura Goldstein quien, junto a su hermana, Joy Robertson, decidió representar a Markow por una cuestión que responde a dos principios: la justicia y la dignidad humana.
La búsqueda incesante de estos principios y el abrumador peso de las pruebas presentadas por los abogados de Markow tuvo sus frutos el 5 de mayo de 2014. Tras un día y medio de deliberaciones, un jurado de Los Ángeles condenó a los acusados a pagar más de $2 millones por las apabullantes secuelas físicas y el desgarrador sufrimiento emocional al que ha quedado reducido Markow como resultado de la negligencia médica cometida.
Este anciano, sin embargo, sólo percibirá $250.000, una cantidad ridícula que no se acerca a la cifra millonaria que requiere para acceder a los costosos tratamientos de rehabilitación y cuidados médicos que la mala praxis le han legado – una cantidad que, sin lugar a dudas, jamás aliviará el ardor y el sufrimiento punzante que este hombre lleva apuntalado en su pecho inmóvil.
“Necesita ese dinero para permanecer vivo. Lo necesita para sus cuidados médicos”, suplica su abogado Arnie Goldstein.
Aunque resulte inverosímil, la carrera de obstáculos legales para los Markow tan solo acaba de comenzar.
SEGUNDA PARTE
Por Aitana Vargas
15 de agosto de 2014
Han pasado 39 años desde que Jerry Brown firmara la llamada ley MICRA. Pocos ciudadanos saben lo que sus siglas representan. Pero sus afectados sufren las devastadoras consecuencias en cada rincón de California, y cuando ese sufrimiento se materializa, es porque ya se han convertido en víctimas de negligencia médica.
MICRA es una ley que limita la compensación económica que un afectado por mala praxis médica puede recibir en concepto de ‘daños no económicos’ en un proceso legal.
Mientras que los ‘daños económicos’ cubren las facturas médicas y la pérdida salarial incurrida por la víctima, los ‘daños no económicos’ se otorgan para compensar las secuelas físicas, el dolor, el trauma y el sufrimiento emocional derivado de la negligencia médica. La reparación de los ‘daños no económicos’ responde a factores subjetivos, por lo que es difícil de cuantificar y, por tanto, su cálculo varía en función de la gravedad de las lesiones que presente cada individuo.
Sin embargo, en el año 1975, el gobernador Demócrata sucumbió a la presión de la industria médica y farmacéutica y, con su firma, pasó un polémico acta que ha dejado a los afectados con limosna en las manos: Independientemente de la gravedad de las lesiones, un afectado sólo puede recibir $250.000 en ‘daños no económicos’.
“La campaña, impulsada en particular por el campo médico, exime de responsabilidad a la parte que actuó de forma negligente”, denuncia Christine Hines, de Public Citizen, una organización que vela por los intereses del consumidor.
Los defensores de MICRA y de la más extensa Reforma de Leyes de Responsabilidad Civil (TORT en inglés) han invertido grandes sumas de dinero y tiempo en reforzar el mito de que las demandas frívolas han disparado el precio de la sanidad en Estados Unidos. Este es precisamente el discurso perpetuado durante décadas por la Asociación Americana de la Reforma TORT, que se apoyó en el expresidente George W. Bush para pasar leyes similares a MICRA en una veintena de estados.
En un estudio titulado ‘Las Víctimas Ocultas de la Reforma Tort: Mujeres, Niños y los Ancianos’, Lucinda M. Finley asegura que “no hay evidencia empírica de que limitar los ‘daños no económicos’ tenga un efecto significativo en las tarifas de los seguros”, un argumento con el que también coincide Hines.
“Lo que realmente hace que suba el precio de la sanidad son los errores médicos”, dice la analista. “En este país hay una crisis de errores médicos”.
Cuando el 5 de mayo de 2014, un jurado de Los Ángeles otorgó más de $2 millones a Michael Markow en concepto de ‘daños no económicos’ tras haberse quedado tetraplégico, dicha sentencia quedó reducida a $250.000, tal y como lo exige MICRA.
Esos $250.000 de 1975, equivalen en la actualidad a unos $65.000. La cifra ni siquiera ha sido ajustada con la inflación en sus casi cuatro décadas de existencia. De haber sido así, la indemnización económica superaría los $1.1 millones. Varias organizaciones han recavado firmas para que se presente en noviembre una propuesta que aumente a $1.1 millones la indemnización que reciban las víctimas en California.
Pero además, el tope de 250.000 –impuesto arbitrariamente– es el motivo por el cual los Markow –al igual que muchos otros afectados– se enfrentaron a tantas dificultades para encontrar un abogado: MICRA limita también el porcentaje de dicha cantidad que un abogado puede recibir por representar a su cliente.
En este contexto, la votación de noviembre es la piedra angular de la estrategia legal de los abogados de Markow.
“Si la defensa apela la sentencia y además se sube el límite a $1.1 millones, le pediremos al juez que aplique ese límite a la sentencia”, asegura Arnie Goldstein.
Cedars-Sinai confirmó que “está revisando todas las herramientas legales disponibles”. Sin embargo, el Gobernador de California, Jerry Brown, no se ha pronunciado sobre el futuro de MICRA.
“Hace 38 años, CA pasó una de las leyes más duras de la nación, limitando los derechos legales de los pacientes”, alega la Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y la Democracia, Joanne Doroshow. A fecha de hoy, no hay indicios contundentes de que California vaya a emular el ejemplo de Georgia, Illinois, Missouri y Florida, que han revocado los límites de responsabilidad civil.
Pero de no elevarse el tope actual por encima de $250.000, no se vislumbra un escenario alentador para los Markow. A pesar de que el jurado ha otorgado $4.728.185 a Michael en concepto de ‘daños económicos’ y Francine ha recibido casi $1 millón por pérdida conyugal, estas cifras no son suficientes para enfrentar los gastos médicos millonarios que se avecinan. Los Markow se verán obligados a recurrir a programas como Medicare o Medicaid, lo que trasladará la responsabilidad financiera de la entidad negligente al gobierno.
“El gobierno cubre el 80% de las facturas médicas”, comenta Francine. “Pero Michael necesita rehabilitación física y eso no está cubierto”.
A sus 63 años, el trabajo que personal médico cualificado debería hacer recae ahora sobre esta mujer de cuerpo menudo. “Yo sola no puedo cuidarle”, asegura con tristeza en sus ojos. La pareja ha tenido que vender su casa de toda la vida porque la aparatosa silla de Michael no cabía por la puerta.
“Mi padre nunca podrá llevar una vida normal, ni jugar con sus nietos”, se lamenta su hijo.
Si para Michael esta experiencia ha sido una condena en vida, para su esposa se ha convertido en una lección que nunca olvidará.
“Yo voté para que Brown pasara la ley en 1975”, dice con arrepentimiento Francine. “Las asociaciones de médicos y las farmacéuticas decían que los gastos de salud y los seguros médicos subirían”.
Poco sabía ella que, casi cuarenta años después, sufriría las irreparables consecuencias de una ley que ella misma secundó.
Para Michael, cuya esperanza de vida ha quedado reducida a 5.2 años tras las graves lesiones sufridas, sólo le queda encomendarse al gobernador de California, que goza de una nueva oportunidad para ratificar su compromiso con los pacientes y víctimas de negligencia médica. Qué hará, sólo lo sabe él.
El mensaje de esta familia a su Gobernador es una invitación a que constate el deplorable estado en el que ha quedado este hombre de 67 años.